Desde que el gobierno comenzó a
anunciar una reforma laboral se cuidó muy bien de dar detalles del
proyecto. Los funcionarios se empeñaron en señalar el carácter gradual de las reformas, su voluntad de avanzar en
acuerdos “sector por sector”, sin
reformar las leyes básicas existentes y se cuidaron de decir que los proyectos
no tenían “nada que ver con la
flexibilidad laboral de Menem”. Estudio Jurídico Elías y Asociados
Ahora que se conoce
en detalle el proyecto de ley de 145 artículos que evidentemente tenían
preparado -y bien escondido- desde hace largo tiempo, nos venimos a enterar
que el gobierno le ha mentido a los ciudadanos. El proyecto de reforma laboral
que se ha dado a conocer es peor que lo que hizo e intentó hacer Menem. Un
proyecto que desampara a los trabajadores con la intención de que así las
empresas ganen más con la promesa de que así habrá trabajo para todos.
Se habla de “blanquear” a los
trabajadores no registrados, pero se busca eliminar las sanciones que pesan
sobre los patrones que no anotan a sus empleados. No anotar será ahora más
barato que nunca y los trabajadores no tienen ninguna reparación por el tiempo
que permanecen en negro.
La garantía de
irrenunciabilidad de derechos quedaría limitada a las obligaciones que surgen
de la ley o convenio, y no a las mejoras obtenidas por sobre ellas por los trabajadores, que
podrán perderlas sin derecho a reclamar.
Se pretende dejar
por completo fuera de la Ley de Contrato de Trabajo al numeroso sector de
técnicos y profesionales que se desempeñan sin ningún tipo de garantías como monotributistas, y ganando menos
que un trabajador común.
La garantía de responsabilidad solidaria en casos empresas que recurren
a tercerizar su actividad en manos de sujetos insolventes, se hace
prácticamente ilusoria. Los trabajadores de esas empresas quedarían totalmente
desamparados.
El proyecto establece posibilidades de movilidad horaria para dejar al
trabajador a disposición de las necesidades de la patronal, por supuesto que
sin ninguna compensación.
Se habilita que a través de convenios colectivos se pueda reemplazar la
indemnización por despido y preaviso con un fondo de capitalización que dará
amplia libertad para despedir sin costo a los trabajadores.
El plazo de prescripción de las acciones legales se achica a un año, de
modo que todo lo que un trabajador no se anime a reclamar mientras tiene
empleo, y que sólo demandará cuando lo echen, queda limitado a un año. Lo
demás, es ganancia para el patrón.
Todo con el pretexto de crear trabajo y combatir la pobreza. Un
experimento que los argentinos ya conocemos. Durante el menemismo se
implantaron medidas como estas –algunas no tan brutales- con consecuencias bien
conocidas: aumento de la desocupación, buenos puestos de trabajo convertidos en
empleos precarios y rebaja de remuneraciones.
Apoyar estas reformas para los políticos, y sindicalistas, y hasta para
algunos empresarios es repetir los errores del pasado.
Si estos cambios se implantan, creemos que la protesta será inevitable.
Jorge Elías
31 de Octubre de 2017
Estudio Jurídico Elías y Asociados
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