El ex ministro de Salud denunció que el
nuevo sistema está propiciado por los grandes laboratorios.
El sanitarista advirtió que el
objetivo del nuevo programa de acceso a la salud impulsado por el oficialismo
implica una "pseudo privatización" del sistema, con el cual se
cobrarán servicios que desde 1946 son de acceso grautito. En los países donde
se aplicó se destruyó la salud pública, denunció. Por Franco Spinetta
El sanitarista y ex ministro de Salud de la Nación criticó la Cobertura
Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno nacional y que se pondrá en
marcha mañana, cuando el ministro Jorge Lemus haga entrega de las primeras 120
mil credenciales de la CUS en la provincia de Mendoza. “La gente va a tener que
pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”, denuncia.
En diálogo con Página/12, Gollán hizo hincapié en que el
objetivo del Gobierno es que se duplique el gasto de bolsillo en salud para
financiar un sistema que, asegura, es promovido por la Organización Mundial de
la Salud “de la mano de los grandes laboratorios”. Y advierte que se está
adoptando un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la
salud”.
-¿Cuál es el principal cambio que impulsa el Ejecutivo con la CUS?
-Está basado en un decreto del año pasado. Es un sistema de
aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de
salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la
cobertura es total. Es gracioso porque se piensa que este es un sistema para 15
millones de personas que no tienen obra social o prepaga. No es así. La mitad
de los partos se hace en hospitales públicos, con gente que tiene obra social:
de 450 mil partos por año, 320 mil son de personas con obra social y prepaga. Y
en accidentología, el 100 por ciento de los casos se atienden en hospitales
públicos, en la etapa aguda, por lo menos. El debate es si el acceso es
equitativo o no.
-¿Entonces cuál es el cambio que propone el Gobierno?
-La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a
dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de
prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. No está definido,
pero ya de por sí se pone un límite. Con el sistema actual no hay límite.
Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis… todo
lo que hasta hoy en día es gratuito, se empezará a pagar. El Gobierno dice que
lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones , se cubrirá
luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios.
Otro punto importante es que limitan la cantidad de tecnologías y medicamentos
(rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las
obras sociales y las prepagas. Ese proceso ya empezó, ya están pagándose
coseguros y copagos de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y demás.
Ahora están negociando con las prepagas otro aumento de los coseguros. El PMO
se va a ver disminuido, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnología de la Salud (AGNET), que lo determinará.
-¿Este plan se aplicó en algún otro país?
-En Colombia adoptaron este sistema en 1993. Destruyeron el sistema
público y es el país donde más gente se muere por no poder acceder a la
atención médica. Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores.
Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a
cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada
vez más afuera.
-¿Cuál es la situación ahora, cuando todavía no fue aplicada la CUS?
-El plan ya está en marcha. Lo primero que hicieron fue desarmar todos
los programas de prevención, se los traspasaron a las provincias con el
discurso de que quien “puede lo hace, el que no, no”. Lo que está sucediendo es
que tenemos derechos a la salud diferentes en cada provincia. El que no tiene
capacidad de pago, va a tener una salud cada vez peor. Si podés pagar, una
mejor.
-¿Cuál es el objetivo, entonces?
-Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la
privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá
hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una
ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Es decir, dejan de
ser esencialmente hospitales públicos. Otro punto importante es que van a usar
los 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, que no tiene potestad para
aportar dinero de los trabajadores… Los trabajadores van a perder: van a tener
peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta
ahora no pagaban. La CGT pactó que les bajen los costos de las obras sociales
con la AGNET, que les va a transferir los costos al bolsillo de los
trabajadores. Es lo que hoy se está discutiendo. Se está instalando una
falacia. Además, si dividís ese monto por 15 millones de beneficiarios,
son 44 pesos por mes por persona. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se va a
financiar este sistema? Es una falta de planificación absoluta, no se sabe
cuáles son los recursos que aportará el Estado. Es muy probable que nazca desfinanciado
y muera prontamente. Es un agujero muy grande: nadie dice cómo se financiará.
Así no se puede planificar la salud de un país. No vaya a ser cosa que le
tiren esto por la cabeza a las provincias, que no pueden afrontar ese gasto. Yo
creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la
prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional.
Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que
es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para
cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde.
-¿Cuál será el efecto a largo plazo en el sistema público?
-Esto ya lo vivimos y lo quieren instrumentar a sangre y fuego en todo
el país. Van a instalar criterios de productividad con incentivos mentirosos
sobre supuestas mejoras para los profesionales. Pero lo que están haciendo es
enfocar el sistema en la atención y no de prevención de salud, que es donde hay
que enfocarse. Esta reforma viene propiciada por la OMS de la mano de los
grandes laboratorios. En la Organización Panamericana de la Salud se armó un
gran debate y se le agregó la palabra “acceso”, porque uno puede tener una
cobertura, pero puede no alcanzar para nada. Hay países que dicen que tienen a
toda la población con una cobertura mínima, pero eso significa que tenés que
pagar por el acceso a la salud real.
-Hasta 2015 también había distintas coberturas, dependiendo de si se
contaba o no con una prepaga o una obra social.
-Todo el sistema estaba en tensión. Eso se produce cuando lo maneja el
mercado. Pusimos en discusión la necesidad de marchar hacia un sistema nacional
integrado bajo la tutela del Estado. Los sanitaristas tienen claro que cuanto
más Estado haya, es más barato, más equitativo. El ejemplo es el Reino Unido,
donde están los mejores indicadores. El contraejemplo, es Estados Unidos, donde
lo maneja el mercado y tiene los peores indicadores. Hay que hacer un cambio
cultural, vemos todo vinculado a la enfermedad, al medicamento, la tecnología.
Es casi una deformación profesional que incluye las carreras, los posgrados.
Todo está enfocado ahí. Éramos conscientes de que había que hacer un cambio muy
grande. En los países que les va bien en materia de salud, el 60 por ciento de
los recursos están puestos en la prevención, en el primer nivel. Nosotros
tenemos hoy el 95 por ciento en la atención de la enfermedad. Nuestro gobierno
tuvo una primera etapa en la que se apagó el incendio, que era la provisión de
medicamentos. Una segunda etapa de mucha inversión en hospitales públicos, que
habían sufrido un gran deterioro. Y la tercera etapa era plantear cómo tenía
que ser el sistema. Lamentablemente no llegamos.
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